Un caduco modelo desarrollista

Por Natalia Sierra
(Socióloga ecuatoriana, catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro del Foro Mundial Alternativas-Capitulo Ecuador).

Hay quienes sostienen que el proyecto de Alianza País se inscribe en la vieja propuesta desarrollista (nacionalista) de los años 60s. Quizás en parte tienen razón y quizás justamente está allí el problema, pues sobre la base de este análisis se propone el apoyo al proyecto de Gobierno como paso necesario para ir hacia la revolución socialista cuya antesala “necesaria” es el desarrollo del capitalismo industrial en la periferia subdesarrollada. Ante esta visión sería bueno detenerse en el siguiente análisis de la coyuntura política-económica actual del Ecuador.

Aceptando el carácter subdesarrollado de la estructura económica de la sociedad latinoamericana y particularmente la Andina, y desde una visión keynesiana de la economía se propuso, en los años 60, un programa de desarrollo que buscaba pasar de la economía primario-exportadora y agroimportadora dependiente del mercado mundial a una economía industrial de capital nacional e internacional. Sobre la base de la renovación técnica y científica se pensó llevar adelante el proceso de sustitución de importaciones, es decir un proceso de industrialización nacional acompañado de la ampliación del mercado interno para la creciente producción. En esta fase histórica de desarrollo, al igual que ahora, el capital extranjero era considerado necesario por la insuficiencia del ahorro interno. Pensemos en los discursos del presidente Correa cuando plantea la necesidad del capital extranjero para la explotación minera en el Ecuador, cuando dice que el país no tiene ni el capital ni la infraestructura para la explotación minera “tan urgente” para el desarrollo de la nación, o cuando sus acólitos sostienen que aprobaron la ley minera, en la cual se da luz verde a concesiones a empresas transnacionales, con el “dolor del alma” en función del “progreso de la patria”.

Es importante señalar que en cuanto a la política agraria, la visión desarrollista está en contra de toda reforma en el régimen de propiedad de la tierra, así, el crecimiento de la productividad en el sector rural será consecuencia del desarrollo industrial energético y de infraestructura, no de la eliminación de la propiedad privada sobre la tierra. Es el mejoramiento de la técnica productiva, vía incremento tecnológico y de inversión de capital, la condición para el aumento en rendimiento productivo agrario. Podemos observar que una de las políticas del Gobierno de Alianza País, expresadas en el mandato agrario y pronto de seguro en la ley de soberanía alimentaria, donde, por cierto, no se topa el tema de la reforma agraria y menos del régimen de propiedad, se basa en el impulso de la tecnología productiva agraria y básicamente en lo que tienen que ver con los insumos agroquímicos para la producción agraria en su versión negocio o empresa. Esta propuesta, que desde la visión del desarrollismo encuentra límites en la forma de la propiedad, en el caso del Ecuador más que en la propiedad privada oligárquica-terrateniente, en la medida en que no ha sido topada por este régimen, encuentra su límite en la propiedad comunal indígena. Propiedad comunal que conlleva una concepción de la relación hombre-naturaleza que implica otras tecnologías productivas distintas a la homogenización y diversificación de la tecnología productiva industrial de las agroempresas. Límite que se encuentra en la propia Constitución recientemente aprobada en lo que se refiere al derecho de los pueblos ancestrales sobre su territorio, límite que ya se a hecho sentir en la oposición del movimiento indígena campesino al proyecto de extracción minera a cielo abierto y al mandato agrario, cuyo modelo son los agronegocios en alianza comercial con las industrias nacionales y extranjeras de los agroquímicos. Como en el mismo programa desarrollista de los años 60s estaba previsto, cualquier límite a su proyecto será eliminado incluso con el uso de la violencia estatal, expresada hoy en la criminalización de la lucha social; basta mirar la actuación del Gobierno frente a la resistencia de los campesinos en contra de la Ley Minera. Hay que aclarar que, en últimas declaraciones del régimen sobre el tema agrario ligado a la ley de soberanía alimentaria, se ha topado el tema de las “tierras improductivas” que habría que intervenir para dar paso al desarrollo agrario y sorpresivamente a lo que se esperaría de una visión desarrollista progresista, las tierras improductivas que podría ser expropiadas no son los grandes latifundios de la oligarquía terrateniente, sino los pequeños minifundios de los campesinos. Declaración que obviamente va encaminada a legitimar el apoyo y el impulso a las grandes cadenas de agronegocios (PRONACA-SUPERMAXI) en desmedro de la pequeña y mediana producción campesina-indígena que, de los que se puede observar, será objeto de expropiación de tierras.

En la propuesta desarrollista el rol del Estado es fundamental en la regulación y control de la vida económica; en el plano interno promueve sin mayor interferencia la iniciativa privada del empresario “innovador” - sea nacional o extranjero, siempre y cuanto sea un elemento de crecimiento económico - y en el plano externo busca regular y controlar el comercio para proteger la industria nacional. El actual régimen ha expresado su voluntad de apoyar la iniciativa privada, basta observar los acuerdos con varios grupos de empresarios “honestos y patrióticos”, la apertura a capital transnacional como las empresas mineras canadienses, empresas petroleras chinas, brasileñas, etc. En cuanto a la protección de la industria nacional, últimamente se ha tomado la decisión, en acuerdo con los empresarios nacionales, de elevar los aranceles para algunos productos importados, política que ha traído respuestas negativas inmediatas de parte de la Comunidad Andina de Naciones y de la Argentina que frente a la decisión del Estado Ecuatoriano han decidido impedir la entrada de nuestros productos a sus países. El Gobierno ante esta respuesta, que era de esperarse, ha dado pasos atrás en su decisión. Lo propio sucedió con la intervención del Estado ecuatoriano en el caso PORTA, Odebrech, en el no pago de la deuda ilegítima, el gobierno primero asume una posición de total soberanía nacional que la grita a los cuatro vientos y luego simplemente hace lo contrario pero eso si no lo publicita, quedando en la conciencia de la gente el primer gesto negado con la práctica que le sucede. Sería bueno desmontar este juego político-ideológico del gobierno, más allá de que las contradicciones entre sus promesas discursivas y su práctica política no respondan fundamentalmente a incoherencias internas en el programa de gobierno de Alianza País -en lo que Alejandro Moreano llama “una de cal y otra de arena”-, sino, creo, a límites intrínsecos al modelo desarrollista neokeynesiano.



Otro de los puntos importantes de la propuesta desarrollista es la racionalización administrativa para evitar el exceso de gasto público y el déficit fiscal, cosa que el Gobierno ha intentado hacer, recordemos, solo para poner datos, la separación laboral de varios trabajadores de Petroecuador y del INFA; sin embargo, por el otro lado ha creado más dependencias estatales que han requerido la contratación de nuevos trabajadores públicos. Así mismo este gobierno ha invertido mucho en subsidios de pobreza, lo cual ciertamente no está mal si paralelamente hubiese emprendido una política real de reactivación de la producción nacional, poniendo énfasis en la producción agraria basada en una reforma agraria que promueva la mediana y pequeña producción. La reactivación productiva de la economía nacional genera empleo y eso va eliminando la necesidad de una política de subsidio a la pobreza, que no liquida las causas de la misma, mirado, no desde una propuesta socialista, sino desarrollista socialdemócrata. Pero otra vez creo que en este caso el problema no es tanto de las incongruencias del Gobierno, que de hecho las tiene, sino de los límites internos al modelo.



A nivel político, la propuesta desarrollista promueve la alianza de clases y desecha la visión marxista de la lucha de clases; cooperación entre los distintos sectores de clases -empresarios, obreros, profesionales, Iglesia, Fuerzas Armadas, etc. - en busca del bien común, idea inscrita en la doctrina social de la iglesia y el justicialismo social. Una alianza de clases = Alianza País, enfrentada a un “enemigo”, la oligarquía pelucona, que no es otro que el conjunto de intereses nacionales en alianza con los extranjeros que entorpece el desarrollo del país. Oligarquía pelucona que se beneficia mientras la economía sea exclusivamente agrario-exportadora-importadora dependiente, sin ningún desarrollo industrial. Hay que aclarar que para el proyecto Desarrollista de Correa y su alianza de clases (“Alianza País”), al enemigo oligárquico se suman, según él los denomina: “los indios infantiles”, “los ecologistas románticos” y “la izquierda fundamentalista”, cuyo conjunto de intereses también entorpece su programa. En los últimos seis meses se ha operado un desplazamiento del enemigo del régimen, de la “oligarquía pelucona” a los sectores de la “izquierda infantil”, cosa que modifica el tablero de la lucha política en el país.



El programa desarrollista busca la integración territorial, económica y social del país en base a la creación de infraestructura productiva y de comunicaciones que permitan la ampliación y conexión del mercado interno y su articulación al mercado internacional. Quizás allí se inscriba las políticas gubernamentales que buscan invertir en infraestructura básica como las hidroeléctricas, la refinería de Manabí, la carretera Manta-Manaos, etc. La inversión pública como la inversión extranjera se dirige básicamente a sectores básicos: Petróleos, hidrocarburos, metales, no es de sorprenderse entonces de la apertura a la licitación para la explotación del ITT, la explotación minera y otros proyectos en camino; la idea es, por un lado, producir nacionalmente los insumos que se necesitan para la industria y no depender de la importación, y, por otro, superar las deficiencias en el ahorro nacional.

En cuanto a la política salarial, las tesis desarrollistas de corte keynesiano prevén una política de pleno empleo y altos salarios, las mismas que se supone son consecuencias de la acción de la libre iniciativa privada y el Estado debido al rápido crecimiento en la producción con alta tecnología, y el subsiguiente aumento en la productividad. En el actual Gobierno la masa salarial no ha crecido respecto de los anteriores gobiernos neoliberales y el desempleo no ha disminuido, será ¿quizás por la ineficiencia de la iniciativa privada y la ineficiencia del estado o por un lento crecimiento en la producción debido a la precariedad tecnológico o por otros motivos?

En definitiva, creo que el proyecto de Correa se inscribe en una corriente desarrollista neokeynesianas que busca construir la nación, superando la herencia económica colonial y el estado Colonial, digamos, un proyecto que busca “terminar” la revolución democrático burguesa frustrada a principio del siglo XX.



Ahora, según muestra la historia y el pensamiento social sobre dicho proceso, un programa desarrollista neokeinesiano requiere de mucha fortaleza política –respaldo mayoritario de la población y una sólida alianza de clases- y del acceso no solo al gobierno sino al poder, condiciones que hasta ahora Correa tiene, producto de su capacidad de expropiar la lucha popular de las dos últimas décadas, de asumir la dirección política después del vacío de poder dejado por la retirada de la oligarquía presionada por la lucha social, por la implementación de políticas de subsidio social y básicamente por el programa de control y secuestro ideológico de la población. Independientemente de cómo este gobierno logró contar con la condiciones para la aplicación del programa desarrollista neokeynesiano, inscrito en la corriente teórico política de la Tercera Vía o modelo de economía mixta, no es posible no observar que la implementación del mismo tiene trabas y límites, exactamente igual como tuvieron los primeros ensayos de Estados keynesianos (Estados de Bienestar) en América Latina, en los años 50s.



Trabas que, por un lado, son parte de ciertas ambigüedades de la política económica del régimen que a veces le aleja de la propuesta neokeynesiana, pero sobre todo trabas que tienen que ver con la propia lógica interna del programa que se quiere implementar, la mismas que desarrollo a continuación:



1. El neokeynesianismo de principio del siglo XXI, que ciertos presidentes como Correa lo quieren denominar Socialismo del Siglo XXI pero que en rigor es lo primero, no cree que el capitalismo y el libre mercado generen un escenario hostil para su programa. He aquí la primera paradoja, como es posible llevar adelante un política de redistribución del ingreso y la riqueza que acorte la brecha entre el sector más rico y el sector más pobre de la población y al mismo tiempo garantizar procesos de acumulación bajo políticas de estabilización y crecimiento económico, al interior de la lógica acumulativa del capital que de seguro asegura lo segundo pero difícilmente lo primero Se dirá que los países industrializados lo han logrado, un ejemplo son los Estados de Bienestar europeos, sin embargo lo que parece no tomarse en cuenta es que esos procesos se llevaron adelante sobre la base de relaciones asimétricas entre el centro y la periferia. Tratar de implementar el modelo desarrollista neokeynesiano en la periferia capitalista implica enfrentarse a esa estructura mundial capitalista, quizás los intentos de integración latinoamericana apunten a eso, pero todavía está por verse y aún queda por saber que es lo que tenemos que enfrentar si la cosa se diera por ese lado.



2. ¿Cómo se puede liquidar la herencia económica colonial, basada en la dependencia del modelo agroexportador de productos primarios, manteniendo la vinculación que se tiene con el mercado externo como abastecedores de materias primas y de productos primarios como es el caso del petróleo y los metales? ¿Cómo llevar adelante un proceso de sustitución de importaciones cuando seguiremos siendo economías altamente sensibles al comportamiento de los ciclos de precios en las economías internacionales? De hecho, hoy con la crisis financiera mundial nos enfrentamos a la explotación minera a cielo abierto y a la explotación petrolera en reservas naturales cuando los precios de ambos productos están por los suelos. Lo que vamos a sacar de ese negocio es una miseria que no servirá en lo absoluto para incrementar procesos de industrialización nacional, ni siquiera van a servir para obra públicas de infraestructura y asistencia social. Por el contrario el costo ambiental será de dimensiones impensables.



3. El rol protagónico del Estado en el esquema keynesiano-benefactor, basado en convertir al mismo en un gran centro de poder desde el cual se busca anular las inequidades e injusticias sociales, encuentra dos límites casi infranqueables. Por un lado, se enfrenta con grupos económicos con incidencia política que buscan orientar toda la política estatal a procesos de acumulación, tanto en la esfera privada como en la pública, ajustando el desarrollo económico bajo intereses particulares. Y no me refiero solamente a los grupos económicos de la vieja oligarquía actualmente enfrentada al Gobierno de Correa, sino a grupos económicos incrustados en el corazón del Gobierno y su programa.



4. En este programa la democracia cumple un papel fundamental como soporte de toda autoridad; de ahí que la democracia se presente como el único camino de legitimación y consolidación del poder, siempre y cuando su lógica hacia abajo promueva mayor participación sobre la representación, cosa que se garantiza por la alianza sociedad civil-ciudadanía-Estado, vínculo que dimensiona la relación entre la democracia, el Estado y el mercado. No por algo el programa de Correa tiene el nombre de Revolución Ciudadana, en la cual la sociedad civil, digamos la ciudadanía, aparece, al menos en el discurso, en un rol importante como veedora del procesos de construcción de una nación, económica, social y política democrática. Digo en el discurso en la medida en que la política del gobierno de Correa contiene muchas características de las formas políticas autoritarias, clientelares de corte populista. Ahora bien, no pienso que este desajuste entre el discurso de la revolución ciudadana y su práctica política se explique por una incongruencia del régimen, sino por una imposibilidad inherente al modelo estatal de la socialdemocracia de la “Tercera Vía”. La idea estatal del neokeynesiano habla de un Estado sin enemigos que se hace posible en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en la que el Estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, tanto en la provisión de seguridad social, como a nivel económico, científico tecnológico, cultural, ético y solidario. En el caso del Ecuador, el Estado que quiere implantar el régimen de Correa, no puede estar exento de enemigos, es decir tiene límites reales en concretar la alianza de clases, en la medida en que no está en capacidad de cumplir las demandas de la sociedad civil, por cierto bastante complejas debido a la heterogeneidad estructural de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, el Gobierno sostiene que se requiere la explotación minera para cubrir los gastos fiscales que permitan responder las demandas sociales de la población (salud, educación, tecnología, etc.), sin embargo, la mayoría de esa población demandante se encuentra en el agro y pertenece a comunidades indígeno-campesinas que no quieren la explotación minera, pues defienden su territorio, tanto por una cuestión de subsistencia del mundo y la comunidad agraria, como de concepciones distintas respecto de su relación con la naturaleza. Para que el Gobierno lleve adelante su plan social tiene que abrir la explotación de productos primarios y básicamente de metales, empresa que se garantiza sobre la base de la represión a las protestas campesino-indígenas en contra de la explotación minera. Se crea así un enemigo del Estado que rompe la supuesta alianza de clases de Alianza País, pues no es cierto que los que se oponen a la minería sean cuatro románticos, fundamentalistas e infantiles de la izquierda ambientalista, sino varios sectores rurales articulados a las organizaciones nacionales de indígenas y campesinos.



5. Ligado a lo anterior esta la tesis de la base ciudadana del Estado neokeynesiano, ciudadanía históricamente ausente en nuestros países de herencia colonial. Digamos que justamente estos proyectos buscan ampliar la base ciudadana, pero habría que preguntarse que posibilidades reales hay para llevar a cabo este objetivo, tomando en cuenta que la ciudadanía planteada se soporta en la ampliación de derechos asentados en el desarrollo tecnológico-industrial? Se requeriría procesos de industrialización y tecnologización tanto de la vida urbana como, y sobre todo, de la campesina, cosa que de darse - lo cual es bastante complicado tomando en cuenta las articulación asimétrica de las economías periféricas al capital central, sea el norteamericano, chino o brasileño - implicaría la destrucción del mundo andino-indígena, lo que a su vez significa ir en contra de muchos derechos otorgados en la nueva constitución a los llamados pueblos ancestrales, y por otro lado, profundos conflictos sociales que tendrían que ser sofocados con políticas estatales fuertemente represivas, que contradicen la propuesta de neokeyneciana de un Estado y una sociedad democrática, solidaria, etc. etc.


Un nuevo camino ya recorrido

Ahora bien, digamos que no hay contradicciones o límites internos a la propuesta desarrollista neokeynesiana y que por lo tanto, estos regímenes, como el de Correa, podría llevar adelante un proceso de industrialización (Capitalismo con rostro humano) que siente las bases objetivas para una verdadera transformación socialista en nuestros países; en ese caso creo que es necesario preguntarse si es válido seguir el patrón de desarrollo operado por los países centrales, esto es el proceso de industrialización y todo lo que ello conlleva para la vida de la sociedad? Incluso entendiendo que la aplicación de ese modelo en América Latina tiene ciertos doblamientos históricos que daría especificidad y diferencia al proyecto desarrollista en la región.

El modelo de sustitución de importaciones de productos industriales puesto en marcha en la América Latina, en el período que va de los años 50s a los 70s del siglo pasado, según dice Wim Dierckxens, trajo consecuencias nefastas para el subcontinente. La incorporación creciente en la sustitución tecnológica implicó el aumento de la importación de capital fijo, lo que lleva necesariamente a radicalizar la dependencia de los países importadores a los monopolios productores de la última tecnología productiva. Esto significa mayor dependencia del mercado mundial no solo por la compra de tecnología productiva, sino por el endeudamiento externo que esa compra involucra, deuda externa que se hace impagable por efecto de el intercambio desigual y de la imposibilidad de cumplir con los pagos en la medida que por el “desarrollo” industrial decae la exportación de materia primas y productos agrícolas, decaimiento que hace imposible tener divisas con las que pagar la deuda. Este es un círculo vicioso que atrapa el destino de los pueblos periféricos dependientes. Por el otro lado, mientras se ensancha el capital fijo, el capital variable –empleo, masa salarial – se mantiene igual y en otros casos caso decae, pues se estanca la capacidad de absorción de la población activa bajo relación salarial. Según datos dados por el mismo autor la fuerza de trabajo ocupada en la industria, como porcentaje de la población activa no agrícola, disminuye de 31 a 27 entre 1950 y 1970. La destrucción del trabajo en el agro, descampesinación, no se compensa con la oportunidad de trabajo asalariado en la ciudad, mucho menos en la industria. Esto conlleva una fuerte migración, en un primer momento interno y en un segundo momento externo. El crecimiento del desempleo impidió la conquista de logros sociales y cierta redistribución de la riqueza, objetivos de proyecto desarrollista, pues el desempleo ensancho el ejército industrial de reserva que provoca la disminución del salario real y las posibles mejoras.



Esta experiencia desarrollista en A. L. significó entonces crecimiento del desempleo, mayor dependencia al mercado mundial, ya no solo por la venta de productos primarios, sino por la dependencia tecnológica y el endeudamiento que esto implicó, por todas estas razones Dierckxens la denomina una reforma en retroceso. Es claro ver en el análisis de este autor los límites internos que tuvo el proyecto desarrollista, lo curioso es que después del período neoliberal, el proyecto progresista de Alianza País quiere andar lo andado, recorrer la novedad caduca del proyecto desarrollista neokeynesiano. Es importante decir que la política neoliberal que abrió la “larga noche neoliberal”, que el Gobierno de Alianza País promete superar, fue la posta del capitalismo ante el fracaso del proyecto desarrollista en América Latina de los años 50, 60 y 70.

Otra vez más como la gran novedad ya caduca se promete desarrollo, sustitución de importaciones vía industrialización y compra de alta tecnología productiva, fortalecimiento del Estado, soberanía, construcción de la nación, recuperación de la patria, etc. Deberíamos preguntar cómo se va a hacer todo esto, repitiendo el esquema desarrollista keynesiano ya fracasado? ¿Cambiando la dependencia al mercado mundial, de ser exportadores de materias primas y productos primarios, cuyo precio fluctúa en el mercado internacional siempre en nuestro perjuicio, a ser importadores de alta tecnología de producción industrial que aumente la impagable deuda externa? ¿O quizás combinando las dos: dependencia en la figura de las empresas mixtas? De hecho para la extracción de metales, necesaria para conseguir divisas para, a su vez, comprar la tecnología industrial, ya necesitamos alta tecnología que no tenemos y que por lo tanto estamos obligados a comprarla o alquilarla a los monopolios que exportan esa alta tecnología, y eh ahí el nuevo endeudamiento que no podremos pagar, pues los precios de los productos primarios están a la baja y si no lo están lo estarán siempre salimos perdiendo en los negocios del capital. Y, otra vez atrapados en el círculo vicioso de la modernización económica. Esta lógica de la explotación minera es la misma de la construcción de refinerías, puertos, construcción de hidroeléctricas, carretera y todo lo necesario para la industrialización del país. Lógica que nos obliga a comprar la tecnología, la misma que de hecho queda hipotecada a los monopolios que la venden, pues no hay como comprarlas de contado; y así estos se adueñan, sin necesidad de transferencia de capital, de la “naciente” industria “nacional”, como ya esta pasando con las transnacionales canadienses, brasileñas, chinas y últimamente otra vez norteamericanas.

Así comienza nuevamente el viejo cuento que: “A partir de las ‘entregas condicionadas’ de equipos, se inicia la primera explotación de utilidades por mecanismos de sobrefacturación del capital fijo. El siguiente paso es la entrega de equipo asimismo sobrefacturado bajo el concepto de coinversión para ‘aliviar’ la carga.” (Dierckxens), acaso eso no es el argumento del Gobierno para justificar la ley minera, por ejemplo. “Gracias a la facturación del capital fijo importado por las transnacionales, éstas logran la transferencia de utilidades extraordinarias, obtenidas en el continente, hacia los países centrales.” (Dierckxens). ¿Acaso a sí nos van a hacer pagar la crisis financiera mundial?

Esto parece una mala broma